Aprobado el proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal.


El pasado viernes el Consejo de Ministros por fin ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que sustituye la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


Su entrada en vigor es el próximo 25 de mayo, y tiene como principal objetivo acabar con la fragmentación existente en las diferentes normativas de los países comunitarios, bien como aumentar la seguridad jurídica y adaptar la normativa a la evolución tecnológica, además de regular la potestad de los herederos sobre la información de personas fallecidas.


Principales Novedades:


1- Adelanta a los 13 años (anteriormente se daba a los 14 años) la edad de consentimiento para el tratamiento de datos en consonancia con la normativa de otros países de nuestro entorno;


2- Se tomará en cuenta el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, se excluye la figura del consentimiento tácito que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado. Del mismo modo, se recoge manifiestamente el deber de confidencialidad. En caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas razonables para su rectificación o supresión;


3- En las materias relacionadas con el tratamiento de datos, incorpora el principio de transparencia en cuanto al derecho de los afectados a ser informados sobre dicho tratamiento y contempla de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición. Se añaden a los conocidos derechos ARCO, los derechos a la limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad, y el derecho de cancelación pasa a denominarse derecho de supresión.


4- Para evitar situaciones discriminatorias, se mantiene la prohibición de almacenar datos de especial protección, como ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, origen racial o étnico y creencias. En estas categorías, el solo consentimiento del interesado no basta para dar viabilidad al tratamiento.


Asimismo, introduce algunos supuestos en los que el legislador contempla como presunción la prevalencia del interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en cumplimiento de determinados requisitos, como en el caso de los sistemas de información crediticia. Igualmente, regula situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público, como los relacionados con la videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria ("listas Robinson"), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.


5-Entre las novedades, se destaca la figura del Delegado de Protección de Datos, persona física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente, que mantendrá relación con la Agencia Española de Protección de Datos.


En relación con el procedimiento, promueve la existencia de mecanismos de autorregulación, tanto en el sector público, como en el privado, e introduce la obligación de bloqueo que garantiza que los datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes, como la AEPD, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.


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