Las grabaciones telefónicas y el incumplimiento del deber de información de la Ley de Protección de



El desconocimiento en materia de protección de datos o simplemente el mero descuido en determinados casos es el origen de sanciones como esta que os resumiré en breves líneas.


La SAN 293/2017 de 31 de enero de 2017 (Id Cendoj: 28079230012017100014) ha sancionado a dos empresas por recabar a través del encargado del fichero y de los clientes de servicios de Leasing y Renting del responsable, sus datos personales sin facilitarles previamente en el momento de la recogida de los datos, de modo expreso, preciso e inequívoco la información preceptiva en materia de protección de datos personales.


La Agencia Española de Protección de Datos inicialmente en el procedimiento sancionador impuso al responsable del fichero una multa de 2.300 euros por una infracción al artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, por incumplir con el deber de información.El responsable del fichero había suscrito un contrato de arrendamiento de servicios de teleasistencia, promoción y ventas, cobro y asistencia de clientes, servicios técnicos de organización, asesoramiento y gestión con el encargado del tratamiento, que por su vez realizaba las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas entre los teleoperadores y los clientes del responsable del fichero, todas relacionadas con asistencia en carretera y un porcentaje aleatorio del resto, conservándose todas las grabaciones desde el inicio de la prestación del servicio.


En el caso en cuestión, el responsable del fichero estableció un contrato de encargado con la empresa prestadora de servicios que era la responsable por realizar las grabaciones de las conversaciones telefónicas de los clientes del responsable del fichero. Tanto el responsable del fichero, bien como el encargado del tratamiento no informaron a los afectados de manera expresa, precisa e inequívoca de que la conversación telefónica seria grabada.


El responsable del fichero recurre a la Audiencia Nacional que desestima el recurso contencioso-administrativo y confirma la sanción de 2300 euros atribuida anteriormente por la Agencia Española de Protección de Datos.


Una de las alegaciones del responsable del fichero fue la de que las conversaciones grabadas versaban sobre personas físicas, pero estas llamaban como mandatarios de personas jurídicas. Hecho que fue rechazado por la Audiencia Nacional, una vez que quedó comprobado que las personas que llaman aportan sus datos identificativos, por lo que el tratamiento y grabación de dichos datos se configura como un tratamiento de datos de carácter personal objeto de protección y por tanto sometido a los preceptos de la LOPD.


La conclusión es que SIEMPRE tanto los responsables como los encargados del fichero deben tratar los datos con gran observancia de los principios de la LOPD y en este caso cumplir con el deber de información, que, con un simple aviso informativo por medio de voz, de que la conversación sería grabada ya se cumpliría con el deber de información e imposibilitaría cualquier sanción bajo este aspecto.


Consulte la Sentencia aquí:



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