La implantación del sistema de Compliance en las PYMES



El termino Compliance traducido al castellano como “cumplimiento normativo” viene del mundo empresarial anglosajón, más precisamente del sector financiero. El Compliance consiste en la implantación en la empresa de modelos organizativos que dirijan a la prevención de incumplimientos normativos.


Las reformas introducidas en el Código Penal, en vigor desde el año 2015, hacen responsables penalmente a las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus directivos y empleados, en los casos en que la empresa no disponga de un modelo de prevención y detección de delitos, mediante el cual supervise a sus directivos y empleados (artículo 31 bis del Código Penal).


Concluyese que la adopción de dichos modelos de prevención y detección de delitos, se configuran como una eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.


La importancia de la adopción de la Cultura del Cumplimiento


¿Cuál es el sentido de la existencia de un Plan de Compliance? Esta es la primera pregunta que nos surge al depararnos con las últimas imposiciones tras la reforma del Código Penal.


El art. 31, bis, 2 del Código Penal establece como condición para que la persona jurídica quede exenta de la responsabilidad: “el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.


En primer lugar seria la condición de convivir en la empresa una verdadera cultura de cumplimiento. Se impone una necesidad de que tanto los directivos como los trabajadores tengan interiorizados la idea de que todo que ocurre en la empresa interna y externamente funcione perfectamente de acuerdo con el ordenamiento jurídico. De esta forma, estaríamos delante de un verdadero comportamiento ético empresarial, que podría acudir a la exención descrita en el art. 31, bis, 2 del Código Penal.


¿Qué significa tener un Plan de Prevención de Riesgos Penales?


El Programa de Prevención de Riesgos Penales es el resultado de un conjunto de normas, procedimientos y actuaciones internas de vigilancia y control que deben llevarse a cabo para prevenir o, al menos, reducir razonablemente el riesgo de comisión de delitos.


La reforma del Código Penal obliga a todas las empresas a adoptar un Programa de Prevención de Riesgos Penales. Desafortunadamente la legislación no diferencia las grandes empresas de las pymes, equiparando la obligatoriedad a todas las personas jurídicas indistintamente.


El Plan o Programa de Prevención de Riesgos Penales, es uno de los “pasos” a ser adoptados por las empresas para establecer como causa de exclusión de responsabilidad, la adopción y ejecución de modelos de organización y gestión que permitan a las empresas prevenir o al menos reducir de forma significativa la comisión de delitos en su seno.


El Tribunal Supremo ya ha dictado dos sentencias responsabilizando penalmente entidades jurídicas. Conjuntamente la Fiscalía General del Estado mediante su Circular 1/2016, se une a esta corriente y revalida la necesidad de la utilización de modelos de Compliance


No obstante, sería muy razonable afirmar que en un futuro, se exigiera como requisito de contratación con el sector público que el operador económico tuviera un programa de cumplimiento penal adecuado. De esta forma se garantiza que todas las empresas que contraten con el Estado adopten estos programas de cumplimiento. La Directiva europea exige que las autoridades nacionales excluyan de los procesos de contratación pública a aquellas empresas que hayan sido condenadas por determinados delitos. En España, la vigente Ley de Contratos del Sector Público (2011) contiene un catálogo similar de delitos al de la Directiva europea.


Otro factor que será cada vez más recurrente es la exigencia de un Plan de Prevención de Delitos por parte de los proveedores, autónomos, subcontratas, terceros (agentes comerciales o distribuidores) una vez que el Código Penal exige deberes de supervisión, vigilancia y control sobre todos aquellos que puedan estar sometidos a la autoridad de los responsables de la compañía, como puede suceder cuando se encarga un determinado servicio a otra firma. Eso sí, para que se considere que la empresa es responsable, ese delito tiene que haberle reportado algún beneficio, ya sea de forma directa o indirecta.


La adopción del Plan de Prevención de Delitos conlleva en una mejora de la gestión empresarial, es decir permite detectar fallos o vicios de comportamiento en la empresa.


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